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Un grupo de 140 campesinos del poblado Enrique López Buitrón exigió que se cumplan las resoluciones judiciales que, según su representante legal, reconocen sus derechos sobre tierras ejidales ubicadas parcialmente en los municipios de Ángel R. Cabada y San Andrés Tuxtla.
Xalapa, Ver.— Un grupo de 140 campesinos del poblado Enrique López Buitrón exigió que se cumplan las resoluciones judiciales que, según su representante legal, reconocen sus derechos sobre tierras ejidales ubicadas parcialmente en los municipios de Ángel R. Cabada y San Andrés Tuxtla.
María Alejandra Reyes Medina, abogada de los afectados, denunció que algunas superficies permanecen ocupadas por terceros, pese a que sus representados cuentan con una resolución presidencial y diversos amparos favorables.
Por ello, acudieron a entregar un escrito dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García, en el que solicitan la colaboración de las autoridades estatales para ejecutar las diligencias de desalojo y garantizar la seguridad de los campesinos.
La representante explicó que la resolución presidencial beneficia a 140 personas y reconoce una superficie de dos mil 159 hectáreas. Aclaró que la ocupación denunciada afecta únicamente algunas partes de esa extensión.
De acuerdo con su relato, desde 2017 los campesinos han enfrentado agresiones y actos que calificó como represión. Aseguró que, después de obtener la posesión de los terrenos mediante procedimientos legales, algunas de sus viviendas fueron incendiadas.
Reyes Medina sostuvo que estos antecedentes han llevado al grupo a solicitar medidas de protección y restricciones de acercamiento para las personas a quienes señala como responsables de las confrontaciones.
Entre los procedimientos que mencionó se encuentran los juicios de amparo 887/2015 y 264/2016, que, afirmó, fueron resueltos a favor de sus representados. También aseguró que las personas involucradas en la disputa tuvieron oportunidad de ejercer su derecho de audiencia.
La abogada señaló a Agustina Cruz Vázquez y a otras personas por presuntamente mantener ocupadas diversas áreas. Además, acusó posibles actos de fraccionamiento irregular en la zona urbana ejidal. Estos señalamientos corresponden a la denuncia pública de la representante y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad.
Actualmente, explicó, realizan gestiones ante autoridades federales para actualizar los procedimientos de desalojo y efectuar el deslinde perimetral de las dos mil 159 hectáreas. También contemplan delimitar otras 42 hectáreas correspondientes a la zona urbana ejidal.
Según Reyes Medina, la Secretaría de Gobernación federal ya recibió la petición y la turnó al Gobierno de Veracruz. Añadió que se solicitó la participación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para acompañar las diligencias cuando corresponda ejecutarlas.
Aunque reconoció que todavía no han sostenido una reunión con la autoridad municipal correspondiente, adelantó que buscarán ese acercamiento para exponer el conflicto y solicitar respaldo.
La representante insistió en que el propósito de los campesinos es recuperar las superficies que consideran legalmente reconocidas a su favor y contar con condiciones de seguridad para permanecer en ellas.
En la información presentada no se precisó una fecha para los desalojos ni se incluyó la respuesta de las personas señaladas o de las autoridades responsables de ejecutar las resoluciones.