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Xalapa, Ver.- En una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión contra ocho personas señaladas por su presunta participación en un secuestro agravado y actos de tortura ocurridos en julio de 2023 en la capital veracruzana.
De acuerdo con el comunicado oficial de la FGR, la investigación se originó tras detectarse la posible participación de elementos de la Policía Estatal de Veracruz en la privación ilegal de la libertad de varias víctimas, quienes habrían sido interceptadas afuera de una tienda de conveniencia ubicada en una gasolinera de la colonia SIPHE Ánimas, en Xalapa.
Según las indagatorias federales, las víctimas fueron abordadas por individuos que presuntamente utilizaron una patrulla tipo pick up de la corporación estatal para llevar a cabo el secuestro. Las personas privadas de la libertad fueron liberadas con vida al día siguiente.
Las investigaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, específicamente de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, instancia que logró identificar y ubicar a los presuntos responsables en distintos puntos del estado.
Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en los municipios de Cuitláhuac, Jilotepec, Xalapa, Veracruz y Naolinco de Victoria, donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Sergio “N”, Jorge “N”, Jesús “N”, Aarón “N”, Yadira “N”, Yael “N”, Lino “N” y Conrado “N”.
Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Emiliano Zapata, donde un juez determinará su situación jurídica en las próximas horas.
El caso representa uno de los golpes más significativos contra presuntas redes de corrupción e infiltración criminal dentro de corporaciones de seguridad en Veracruz, al señalar la posible utilización de recursos oficiales para la comisión de delitos de alto impacto.
La Fiscalía General de la República precisó que todas las personas detenidas deben ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
