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Xalapa, Ver.- Decenas de personas que aseguran haber sido víctimas del despojo de viviendas, terrenos y negocios se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno, en la calle Enríquez, para exigir justicia, el avance de las investigaciones y la restitución de sus propiedades.
Con pancartas y lonas en las que denunciaban la falta de resultados de las autoridades, los inconformes realizaron un bloqueo parcial de la vialidad bajo consignas como «Alto al Cártel Inmobiliario de Xalapa», «Ya basta con los despojos» y «Fiscalía, no avanzan nuestras denuncias».
La movilización fue encabezada por el profesor y político Eduardo de la Torre Jaramillo, así como por Martha Patricia Aguilar Rendón, representante de un grupo de personas afectadas, quienes anunciaron la creación de una asociación civil que buscará reunir a víctimas de presuntos despojos de distintos municipios de Veracruz para brindarles representación jurídica y social.
Durante una conferencia de prensa, Eduardo de la Torre explicó que el objetivo es dejar de atender los casos de manera individual y conformar un frente estatal que permita establecer una mesa de diálogo con la gobernadora, la titular de la Fiscalía General del Estado y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
«Ya no vamos a negociar cada quien por separado con ministerios públicos o juzgados. Queremos conocer por qué las denuncias no avanzan y exigir respuestas», expresó.
Los manifestantes sostuvieron que existen numerosas carpetas de investigación sin resolver y demandaron la restitución inmediata de los inmuebles que, afirman, fueron obtenidos mediante procedimientos ilegales. También señalaron que los largos procesos judiciales han provocado no solo pérdidas económicas, sino un fuerte desgaste emocional para las familias afectadas.
Uno de los momentos más delicados de la protesta ocurrió cuando Martha Patricia Aguilar Rendón denunció públicamente que ella y otro integrante del movimiento recibieron amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas el pasado viernes. Según relató, fueron advertidos de que debían detener las denuncias o enfrentar consecuencias.
La representante informó que presentarían las denuncias correspondientes y solicitó medidas de protección para quienes participan en el movimiento.
Aguilar Rendón indicó que actualmente el grupo está conformado por 19 víctimas, aunque aseguró que han identificado más de 200 denuncias relacionadas con presuntos despojos de inmuebles en diversas regiones del estado. De acuerdo con su versión, los casos presentan patrones similares, como el uso de poderes notariales presuntamente falsificados, juicios civiles y prestanombres para apropiarse de propiedades, principalmente de personas adultas mayores.
Asimismo, cuestionó que hasta el momento no exista ninguna persona detenida por estos hechos y pidió que las investigaciones permitan identificar y sancionar a los responsables.
Durante la rueda de prensa, la representante reiteró señalamientos contra un despacho jurídico encabezado por Roly Domínguez, al que los manifestantes atribuyen la operación de diversos casos de despojo. También se exhibieron pancartas con nombres de personas que, según los inconformes, deberían ser investigadas. Estos señalamientos corresponden exclusivamente a las denuncias formuladas por los manifestantes y no constituyen una determinación de responsabilidad por parte de autoridad competente.
Los integrantes del movimiento afirmaron que la mayoría de las presuntas víctimas son adultos mayores que viven solos y enfrentan mayores dificultades para defender su patrimonio.
Finalmente, Eduardo de la Torre Jaramillo aseguró que la conformación de la asociación civil será el primer paso de un movimiento estatal que buscará sumar a más afectados, crear representaciones municipales y mantener las movilizaciones hasta obtener avances en las investigaciones y la restitución de los inmuebles que, aseguran, les fueron despojados.
