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Ejidatarios de la ampliación piden intervención de las autoridades: aseguran que llevan más de 20 años esperando el cumplimiento de una sentencia por 77 hectáreas. Colonos y ejidatarios de la contraparte disputan la ubicación de los terrenos.
XALAPA, VER., 7 de octubre de 2026.— El pleito por 77 hectáreas en Ángel R. Cabada está subiendo de tono. Integrantes de la ampliación del ejido advirtieron que la disputa podría terminar en un enfrentamiento y pidieron a las autoridades intervenir antes de que haya personas lesionadas.
“Se puede suscitar un enfrentamiento de graves consecuencias”, alertó Rafael Lindo Chagas, presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo, durante una conferencia de prensa en Xalapa.
Acompañado del abogado Lázaro de Jesús Matías Molar y de integrantes del grupo, solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García, la Fiscalía General del Estado y las corporaciones de seguridad.
Los inconformes aseguran que cuentan con una sentencia agraria favorable desde 2002, pero que, más de dos décadas después, todavía no reciben la totalidad de las tierras reclamadas.
El problema es que del otro lado hay ejidatarios y colonos que defienden sus posesiones y sostienen que la superficie señalada para la entrega incluye terrenos habitados. La disputa, por tanto, también pasa por precisar dónde están las hectáreas que deben entregarse.
Una medición volvió a encender los ánimos
Según Matías Molar, el episodio más reciente ocurrió el pasado sábado, cuando una brigada acudió a realizar trabajos topográficos para identificar la superficie pendiente.
Los representantes de la ampliación aseguran que habitantes del lugar se opusieron a la medición, exhibieron constancias de posesión expedidas por autoridades ejidales y advirtieron a los trabajadores que se retiraran o se “atuvieran a las consecuencias”.
Al sitio llegaron policías estatales y municipales. De acuerdo con los denunciantes, los elementos recomendaron a la brigada retirarse para evitar una confrontación.
La diligencia quedó interrumpida y el conflicto volvió a quedar atorado: unos exigen medir para avanzar en la entrega; otros temen que esos trabajos abran paso a una ejecución que afecte sus viviendas.
Aseguran que recuperaron 27 hectáreas, pero hubo nuevas ocupaciones
El abogado explicó que su reclamo deriva del juicio agrario 571/1998 y de una resolución emitida en 2002 que, según su exposición, ordenó entregarles 77 hectáreas.
También señaló que promovieron un amparo para exigir el cumplimiento de la sentencia y que distintas diligencias no pudieron concretarse por falta del apoyo de seguridad solicitado.
Los comparecientes afirmaron que el 3 de diciembre de 2025 consiguieron la entrega material de aproximadamente 27 hectáreas. Sin embargo, denunciaron que posteriormente personas vinculadas al grupo contrario habrían vuelto a ocupar parte de esa superficie.
Por estos hechos, dijeron, presentaron denuncias ante la Fiscalía, aunque consideran que las investigaciones avanzan con demasiada lentitud.
Matías Molar aseguró que les han señalado la necesidad de dictámenes técnicos para delimitar los terrenos y acusó dificultades para contar con especialistas en agrimensura. Esa explicación corresponde a la versión de los denunciantes.
La contraparte también reclama derechos
Los ejidatarios y habitantes que se oponen a la ejecución han sostenido públicamente que en la zona existen viviendas, escuelas, templos y servicios públicos.
Su argumento es que debe aclararse la ubicación exacta de las tierras antes de realizar una entrega que pudiera afectar al asentamiento.
Los integrantes de la ampliación, en cambio, cuestionan las constancias de posesión expedidas sobre terrenos que consideran comprendidos en la sentencia.
Ahí está el punto que mantiene encendido el conflicto: ambos grupos defienden derechos sobre una superficie cuya delimitación sigue siendo motivo de controversia.
Piden actuar antes de que haya violencia
Lindo Chagas también cuestionó la intervención de funcionarios municipales que, según su versión, habrían respaldado las constancias presentadas por los colonos. Sostuvo que el Ayuntamiento no debe decidir a quién corresponden tierras sujetas a un procedimiento agrario.
Los señalamientos contra colonos, autoridades ejidales y servidores públicos son acusaciones de los comparecientes; su presentación en conferencia no significa que estén judicialmente acreditados.
La petición central del grupo es que las autoridades garanticen seguridad durante las diligencias, atiendan las denuncias y permitan avanzar en la identificación y entrega de la superficie pendiente.
Después de tantos años de litigio, los inconformes advierten que la tensión ya se siente en el terreno. Piden que las autoridades actúen antes de que el pleito por las hectáreas termine a golpes.
