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Xalapa, Ver., 20 de julio de 2026.– Representantes de más de 100 organizaciones de taxistas de Veracruz solicitaron a la gobernadora Rocío Nahle García y al Congreso del Estado ser incluidos en las mesas de trabajo donde se discutirá la reforma a la Ley 589 de Tránsito y Transporte, con la que se busca regular la operación de plataformas digitales de transporte.
En conferencia de prensa, los dirigentes del gremio dejaron en claro que no se oponen a la modernización del servicio ni al uso de aplicaciones tecnológicas, pero exigieron que exista un «piso parejo» para todos los prestadores del servicio público.
La secretaria general de la Unión de Taxistas y Empleados del Transporte Público (UTEP), Mara Cristina Avilés Montiel, señaló que los concesionarios cumplen con obligaciones como el pago de impuestos, derechos, seguros y diversos requisitos legales, por lo que consideró que las plataformas digitales deberían operar únicamente con unidades concesionadas o, en su defecto, que los vehículos particulares cumplan con las mismas responsabilidades fiscales y administrativas.
La dirigente también denunció que el sector enfrenta rezagos administrativos, como la falta de entrega de placas para unidades de taxi desde hace aproximadamente dos años, situación que, dijo, ha provocado que algunos ciudadanos confundan a unidades legales con supuestos taxis «pirata».
Por su parte, Guillermo Celaya de Jesús, secretario general del Sindicato de Taxistas Miguel Alemán, pidió que la Secretaría de Seguridad Pública y el Congreso del Estado permitan la participación del gremio en la elaboración de la iniciativa, con el fin de conocer su contenido antes de que sea aprobada y presentar propuestas que garanticen igualdad de condiciones.
Los representantes aseguraron que en Veracruz existen más de 120 mil concesionarios que durante años han cumplido con las disposiciones legales, por lo que insistieron en que quienes operen mediante plataformas digitales también deben cubrir impuestos, derechos, seguros y demás obligaciones que actualmente enfrentan los taxistas concesionados.
Además, solicitaron reforzar los operativos para detectar vehículos particulares que ofrezcan el servicio de transporte de manera irregular, así como taxis clonados que operan en distintas regiones del estado.
En cuanto al llamado del Gobierno estatal para renovar el parque vehicular, Mara Avilés reconoció que existe disposición entre los concesionarios, pero afirmó que los altos costos dificultan la adquisición de nuevas unidades, cuyos precios superan los 500 mil pesos. Por ello, propuso la creación de un fideicomiso que facilite el acceso a créditos para la renovación de los vehículos.
Respecto al programa de reemplacamiento previsto para el próximo año, el gremio adelantó que analiza la posibilidad de no participar si antes no son atendidas sus demandas, al considerar que una decisión de ese tipo tendría un impacto importante en la recaudación estatal.
Los dirigentes informaron que ya solicitaron reuniones con diputados locales y con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, para dialogar sobre la iniciativa.
Advirtieron que, si la reforma se aprueba sin escuchar a los concesionarios, podrían convocar movilizaciones y concentraciones masivas en distintos puntos de Veracruz.
Durante la conferencia también participó el abogado Andrés Eduardo Ángeles Villa, quien sostuvo que la Ley 589 distingue claramente entre transporte público y transporte particular, al establecer que este último no puede prestarse con fines de lucro sin una concesión otorgada por el Estado.
Finalmente, los representantes señalaron que la comisión que encabeza las gestiones agrupa a más de 100 organizaciones de taxistas de todo Veracruz y reiteraron que, de no recibir respuesta por parte del Gobierno del Estado y del Congreso local, convocarán a una movilización estatal para exigir ser escuchados antes de que concluya el proceso legislativo.
