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Xalapa, Veracruz.– El Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV) alzó la voz este lunes durante una conferencia de prensa para denunciar el incumplimiento de resoluciones laborales y exigir al Gobierno del Estado el respeto a derechos sindicales que, aseguran, han sido reconocidos por tribunales.
A través de un posicionamiento firmado por su secretario general, Lic. Adner Antonio Galicia Campos, el sindicato recordó que desde enero de dos mil veinte promovió un juicio laboral en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), reclamando principalmente el descuento de cuotas sindicales vía nómina mediante la clave sindical ciento treinta y cinco, así como el cumplimiento de acuerdos previamente firmados con autoridades estatales.
De acuerdo con el documento presentado, el conflicto se remonta a compromisos establecidos en una mesa de trabajo celebrada en septiembre de dos mil diecinueve, donde —según el sindicato— se acordó la aplicación de la clave sindical a partir de noviembre de ese mismo año.
SEPEV sostuvo que, tras diversos laudos y amparos resueltos a su favor, incluyendo resoluciones emitidas recientemente por instancias judiciales, la autoridad estatal continúa sin acatar plenamente lo ordenado, particularmente en lo relacionado con la retención y entrega de cuotas sindicales de trabajadores afiliados.
El sindicato argumentó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado determinó que debía aplicarse el descuento de cuotas sindicales a trabajadores que mantienen relación laboral vigente, además de entregarse los recursos correspondientes a la organización sindical.
En el posicionamiento dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García, medios de comunicación, sociedad veracruzana y la base trabajadora, la dirigencia sindical solicitó la intervención del Ejecutivo estatal y del titular de SEFIPLAN, Miguel Santiago Reyes Hernández, para que se dé cumplimiento a las resoluciones judiciales.
La organización sindical afirmó que su exigencia no responde a intereses políticos, sino al respeto a los derechos laborales y sindicales de sus agremiados.
El tema podría escalar si no existe una respuesta oficial por parte del Gobierno del Estado en los próximos días.
