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Xalapa, Ver., 22 de junio de 2026. El comunicado difundido por el abogado Rodolfo Donaldo Vázquez Moreno abrió también una discusión sobre el presunto uso indebido del programa institucional “Veracruzana Protegida”, plataforma de la Universidad Veracruzana que, de acuerdo con el litigante, habría sido utilizada para activar medidas en su contra con base en señalamientos que calificó como falsos o fabricados.
Vázquez Moreno sostuvo que una orden de restricción promovida en su contra por una trabajadora de la Oficina del Abogado General se habría sustentado en argumentos sin comprobar, lo que —según su dicho— derivó en la movilización de personal universitario, restricciones a su ejercicio profesional y una exposición pública que dañó su nombre, su trabajo y su entorno familiar.
El caso pone sobre la mesa un tema delicado: los mecanismos de protección para mujeres y personas en situación de riesgo son necesarios y deben existir; sin embargo, especialistas y ciudadanos han advertido que su aplicación debe estar acompañada de protocolos claros, verificación mínima de hechos y respeto al debido proceso, para evitar que una herramienta creada para proteger sea utilizada como mecanismo de presión, venganza o descrédito.
De acuerdo con el abogado, el problema no radica en la existencia de “Veracruzana Protegida”, sino en que presuntamente se habría convertido en un instrumento para afectar a una persona sin que previamente se le notificara, escuchara o permitiera defenderse. Señaló que cualquier señalamiento de violencia o riesgo debe ser atendido con seriedad, pero también con responsabilidad institucional, pues una acusación no comprobada puede destruir la reputación de una persona en cuestión de horas.
Vázquez Moreno acusó que, además de las restricciones internas, se generó una narrativa pública en medios digitales donde se le presentó como agresor, infractor de órdenes judiciales e incluso como detenido, versiones que negó en su comunicado y que atribuyó a una estrategia de descrédito vinculada a representantes legales de la propia Universidad Veracruzana.
El caso exhibe una tensión sensible entre dos principios fundamentales: la protección inmediata de posibles víctimas y la presunción de inocencia de las personas señaladas. Cuando una institución pública interviene, ambas obligaciones deben cuidarse con rigor, ya que actuar sin pruebas suficientes puede vulnerar derechos y, al mismo tiempo, debilitar la confianza en programas diseñados para atender verdaderas situaciones de riesgo.
Finalmente, el abogado solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Minerva Regina Pérez López, para que se revisen los hechos y se implementen medidas que impidan el uso discrecional de recursos institucionales en perjuicio de cualquier persona.
Hasta el momento, la Universidad Veracruzana no ha fijado una postura pública sobre los señalamientos realizados por Rodolfo Donaldo Vázquez Moreno.
