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Xalapa, Ver., miércoles 5 de agosto de 2026.— A unas horas de que el Congreso del Estado de Veracruz sesione para abordar los procedimientos de desafuero contra dos alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano (MC), el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar medidas de protección para los gobiernos municipales de esa fuerza política en la entidad.
La sesión del Congreso veracruzano está programada para comenzar a las 16:00 horas de este miércoles.
Mediante un video difundido en sus redes sociales, Álvarez Máynez acusó al Gobierno de Veracruz de ejercer presiones políticas contra las administraciones encabezadas por integrantes de Movimiento Ciudadano.
“Acudimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para exigir medidas de protección a nuestros gobiernos en Veracruz y para decirle al Gobierno del Estado que no vamos a aceptar intromisiones arbitrarias y judicialización selectiva contra los gobiernos de Movimiento Ciudadano”, declaró.
El dirigente nacional también retomó los señalamientos de su partido sobre los resultados electorales en Papantla y Poza Rica, además de acusar que existe la intención de cooptar a presidentes municipales de MC.
Como ejemplo, mencionó al alcalde de Las Choapas, de quien afirmó que fue señalado públicamente por la gobernadora y posteriormente incorporado a Morena.
“No vamos a permitir que eso suceda con los gobiernos de Movimiento Ciudadano”, sostuvo.
En un posicionamiento público, el partido exigió que los procesos legales continúen sin sesgos políticos ni linchamientos mediáticos. También exhortó a los cabildos de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste a conducirse con responsabilidad institucional y conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre.
La Comisión Permanente Instructora del Congreso estatal determinó previamente que existen elementos suficientes para continuar con los procedimientos de declaración de procedencia contra Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván.
González Martínez es investigado por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez. Bravo Montero, por su parte, enfrenta señalamientos por su posible participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López, ocurrida el pasado 14 de mayo.
La eventual aprobación del desafuero permitiría que las autoridades ministeriales continúen los procesos penales correspondientes contra ambos alcaldes, sin que esta determinación implique por sí misma una sentencia de culpabilidad.
