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Xalapa, Ver.– Una madre de familia hizo pública una serie de señalamientos sobre el proceso judicial que enfrenta por la custodia de sus hijos, al denunciar presuntas irregularidades durante un procedimiento familiar y solicitar que las autoridades revisen la actuación de funcionarios del sistema de justicia en Veracruz.
En conferencia de prensa, Nayely Vanessa Narváez Sánchez aseguró que su intención no es influir en las resoluciones judiciales, sino que se investiguen las decisiones tomadas dentro del expediente y se garantice el interés superior de sus dos hijos menores de edad.
De acuerdo con su versión, el conflicto legal inició cuando su hija tenía apenas 11 meses de edad y aún se encontraba en periodo de lactancia. Señaló que desde entonces presentó documentación y diversos elementos que, a su juicio, evidenciaban situaciones de riesgo para la menor.
La madre explicó que posteriormente se establecieron convivencias supervisadas a través del Centro Estatal de Convivencia Familiar (CECOFAM), aunque afirmó que varias situaciones observadas durante esas visitas no quedaron asentadas en los informes oficiales.
Narváez Sánchez indicó que el pasado 1 de marzo presentó una denuncia por un presunto abuso sexual contra su hija, lo que dio origen a una carpeta de investigación y a medidas de protección a favor de la menor. Afirmó que notificó personalmente al juez del caso sobre la existencia de dichas actuaciones.
Sin embargo, sostuvo que posteriormente se ordenó la restitución de la niña con su padre, pese a que —según dijo— las investigaciones aún no habían concluido, decisión que calificó como contradictoria y que, desde su perspectiva, no privilegió el bienestar de la menor.
Asimismo, denunció que durante la diligencia de restitución, realizada con apoyo de personal del juzgado y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ella y su madre fueron presuntamente agredidas físicamente. También aseguró que sus dos hijos resultaron afectados emocionalmente tras presenciar el operativo.
La denunciante afirmó contar con videograbaciones captadas por cámaras de seguridad instaladas en su domicilio, las cuales —aseguró— documentan el desarrollo de la diligencia y ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes.
Durante su pronunciamiento también solicitó que se investigue la actuación de los servidores públicos que participaron en el procedimiento y expresó sospechas sobre un posible acto de corrupción relacionado con el caso. No obstante, no presentó pruebas públicas que acrediten dicha afirmación, por lo que será responsabilidad de las autoridades determinar si existen elementos que sustenten esos señalamientos.
Además, realizó diversas acusaciones contra el padre de la menor, relacionadas con presunto consumo de alcohol, drogas y conductas violentas. Estas afirmaciones forman parte de su denuncia y no han sido acreditadas judicialmente, por lo que corresponderá a las instancias competentes esclarecer los hechos.
Finalmente, Nayely Vanessa Narváez Sánchez pidió que se revisen de manera imparcial las actuaciones dentro del procedimiento, que se valore la carpeta de investigación existente y que cualquier determinación judicial priorice la protección física, emocional y psicológica de los menores.
Hasta el momento, las autoridades judiciales y los funcionarios señalados no habían emitido una postura pública sobre las acusaciones, por lo que el caso continúa sujeto al desarrollo de las investigaciones y de los procedimientos legales correspondientes.
