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Xalapa, Ver. — Como resultado de las acciones de investigación y persecución del delito realizadas del 17 al 23 de septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), obtuvo dos sentencias condenatorias en contra de tres personas por los delitos de extorsión, en el puerto de Veracruz, y secuestro específico, en Xalapa.
En el primer caso, la autoridad judicial dictó una sentencia de 8 años y 6 meses de prisión en contra de Gustavo Alfonso “N”, tras acreditarse su plena responsabilidad en el delito de extorsión. Los hechos se remontan a julio de 2025, cuando la víctima sufrió el robo de un tractocamión que posteriormente fue localizado sin neumáticos. Días después, el afectado comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios en los que le exigían un pago a cambio de su vida y la de su familia. El ahora sentenciado fue detenido el 26 de julio de ese año durante un operativo policial en el estacionamiento de un centro comercial en el Puerto de Veracruz, al acudir a realizar el cobro de la extorsión; además de la pena privativa de libertad, se le impuso la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Por otra parte, en la región de Xalapa, Erika “N” y Roberto “N” fueron sentenciados a 3 años y 6 meses de prisión como responsables del delito de secuestro específico en su modalidad de simulación de secuestro. Las indagatorias señalan que el 27 de mayo de 2023 una menor de edad fue reportada como desaparecida tras salir de su domicilio en el fraccionamiento 4 Soles, en Naolinco, tras lo cual sus familiares recibieron exigencias de rescate. El 30 de mayo, Roberto “N”, padrastro de la víctima, entregó el pago exigido en la localidad El Castillo, en Xalapa, logrando la liberación de la menor.
Sin embargo, días después, la víctima declaró que el plagio había sido planeado por su propia madre y su padrastro con el propósito de obtener dinero del padre biológico. En el juicio oral correspondiente, el juez dictó la sentencia condenatoria y la suspensión de los derechos civiles y políticos de ambos involucrados, mientras que la identidad de las víctimas se mantiene bajo resguardo legal.
La Fiscalía General del Estado continuará fortaleciendo las investigaciones para combatir los delitos de secuestro y extorsión en las distintas regiones de Veracruz, priorizando la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la aplicación de la ley contra quienes sean señalados como responsables de estos delitos, con estricto apego al debido proceso.
