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XALAPA, Ver., martes 8 de septiembre de 2026.— Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras instituciones públicas comenzaron una nueva batalla para defender sus pensiones: buscan reformar el artículo 127 de la Constitución y evitar que las nuevas disposiciones sean aplicadas en perjuicio de quienes se retiraron bajo reglas anteriores.
La propuesta es impulsada por la Alianza Nacional de Jubilados, cuyos representantes aseguran haber reunido más de 200 mil firmas en apenas siete días. Su siguiente paso será tocar las puertas del Congreso de Veracruz para conseguir que los diputados locales respalden formalmente el planteamiento.
Esmeralda Huarte Aguirre, jubilada del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), y Víctor Manuel Rojas Huidobro, representante de la organización en Veracruz, explicaron que la demanda es sencilla: que las reglas nuevas se apliquen hacia adelante y no se utilicen para reducir o modificar derechos obtenidos después de décadas de trabajo.
Más de 200 mil firmas
Rojas Huidobro informó que el pasado 1 de septiembre integrantes de la Alianza acudieron a la Cámara de Diputados, en San Lázaro, para presentar una carta de intención acompañada por los resultados de la consulta ciudadana “Justicia y Derechos”.
Según sus cifras, el movimiento consiguió más de 200 mil firmas físicas y digitales en distintos puntos del país.
Para los jubilados, este respaldo demuestra que no se trata de casos aislados, sino de un problema nacional que alcanza a trabajadores retirados de Pemex, CFE, Banca de Desarrollo y otras instituciones del Estado.
Piden eliminar el Segundo Transitorio
Uno de los principales puntos de la propuesta es eliminar el Segundo Transitorio relacionado con el artículo 127 constitucional.
Los integrantes de la Alianza consideran que esta disposición abrió la puerta para aplicar criterios posteriores a jubilaciones otorgadas con anterioridad, lo que podría traducirse en afectaciones a prestaciones y derechos previamente reconocidos.
Argumentaron que esa situación podría contradecir el artículo 14 de la Constitución, el cual prohíbe aplicar una ley de manera retroactiva cuando perjudique a una persona.
Dicho de otra manera, sostienen que si un trabajador cumplió con los requisitos vigentes y obtuvo legalmente su jubilación, ninguna reforma posterior debería cambiarle las condiciones.
También plantean modificar el límite de las pensiones
El segundo punto se relaciona con el Transitorio Cuarto y los límites aplicados a las remuneraciones y jubilaciones.
La propuesta establece que el tope tome como referencia el 100 por ciento de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, incluyendo las prestaciones integradas.
Sin embargo, los representantes aclararon que esta modificación deberá aplicarse de manera progresiva y solamente a las jubilaciones futuras, sin perjudicar a quienes ya se encuentran retirados.
El problema alcanzaría a 93 mil jubilados
La Alianza Nacional de Jubilados calcula que las disposiciones actuales afectan o generan incertidumbre entre más de 93 mil trabajadores retirados y sus familias en todo México.
Veracruz ocupa un lugar importante dentro del movimiento debido a la presencia histórica de las industrias petrolera y eléctrica.
De acuerdo con las cifras expuestas, en la División Oriente del sector eléctrico existen más de 600 jubilados. A ellos se sumarían alrededor de mil 500 extrabajadores petroleros asentados principalmente en Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica.
Los voceros insistieron en que una afectación a las pensiones no perjudica únicamente al jubilado, pues en muchos casos ese ingreso representa el principal sustento de toda una familia.
Buscarán respaldo del Congreso de Veracruz
La organización llevará ahora un resumen ejecutivo de la iniciativa al Congreso del Estado.
El objetivo es conseguir que alguna bancada o grupo de diputados adopte la propuesta y la impulse institucionalmente ante el Congreso de la Unión.
Huarte Aguirre y Rojas Huidobro aseguraron que ya sostuvieron acercamientos informales con algunos legisladores, quienes habrían reconocido que existen dudas e inconsistencias en las disposiciones actuales. Ahora esperan que esas conversaciones se conviertan en un respaldo formal.
Los jubilados advirtieron que mantendrán las movilizaciones y gestiones necesarias hasta conseguir certeza jurídica para quienes trabajaron durante décadas en empresas e instituciones públicas.
“No estamos pidiendo privilegios”, resumieron. Su exigencia es que se respeten las condiciones con las que obtuvieron su jubilación y que ninguna reforma posterior pueda quitarles derechos ya ganados.
