Fiscal General Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre defiende autonomía de la Fiscalía y afirma que las investigaciones se sustentan en pruebas, no en intereses políticos

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó los señalamientos sobre una presunta utilización política de la procuración de justicia.

Xalapa, Ver., martes 4 de agosto de 2026.- En seguimiento a la conferencia de prensa de este martes, la fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó los señalamientos sobre una presunta utilización política de la procuración de justicia y aseguró que las carpetas de investigación que integra la Fiscalía General del Estado (FGE) se sustentan exclusivamente en datos de prueba y no en intereses partidistas o personales.

Durante la sesión de preguntas y respuestas con representantes de los medios de comunicación, la titular de la FGE también aclaró las funciones que desempeñan la Fiscalía y el Poder Judicial, al sostener que ambas instituciones tienen atribuciones distintas dentro del sistema de justicia penal.

Aclara funciones entre Fiscalía y Poder Judicial

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre explicó que resulta incorrecto afirmar que desde el Poder Judicial se elaboran carpetas de investigación, pues esa labor corresponde únicamente al Ministerio Público y a la Fiscalía.

Recordó que los jueces y magistrados tienen como función impartir justicia y resolver los asuntos que les son sometidos, mientras que la investigación de los delitos corresponde exclusivamente a la autoridad ministerial.

«En el Poder Judicial no se arman las carpetas de investigación, nunca se han armado. Allá no se investiga, allá no son fiscales; es administración de justicia con jueces y magistrados. Con todo respeto, hay que ser muy objetivos: cuando se hace una afirmación de esa naturaleza, se tiene que probar.»

Investigaciones requieren sustento probatorio

La Fiscal General destacó que cualquier actuación de la institución debe estar respaldada por elementos de prueba suficientes para ser presentada ante un juez.

Precisó que las solicitudes de órdenes de aprehensión, las vinculaciones a proceso y las sentencias condenatorias únicamente pueden obtenerse cuando existen datos de prueba que permitan sostener jurídicamente la acusación durante las audiencias.

Destaca existencia de controles legales

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre señaló que el sistema de justicia mexicano cuenta con diversos mecanismos de control para evitar actos arbitrarios por parte de las autoridades.

Explicó que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos puede acudir a la justicia federal mediante el juicio de amparo para impugnar resoluciones o actuaciones que estime contrarias a la ley.

«Pensar que una sola persona tiene la última palabra es una especulación. Todos los ciudadanos podemos recurrir al amparo e impugnar cualquier resolución que estimemos contraria a nuestros derechos.»

Rechaza que las investigaciones tengan motivaciones políticas

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que factores políticos influyan en las investigaciones ministeriales, la titular de la Fiscalía rechazó esa versión y afirmó que las carpetas de investigación se construyen únicamente con evidencia que posteriormente debe ser presentada y debatida ante un juez.

Subrayó que el resultado de cada proceso penal depende de la actuación de fiscales, defensores y asesores jurídicos durante las distintas etapas del procedimiento.

«Las carpetas de investigación no se integran con cuestiones políticas; se integran con datos de prueba que se tienen que sostener en una audiencia y desahogar en un juicio. Ahí no hay temas políticos, solo hay temas de justicia penal.»

Fiscalía reitera compromiso con la legalidad

Finalmente, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre reiteró que la Fiscalía General del Estado continuará conduciendo sus investigaciones con apego al marco jurídico y al debido proceso, privilegiando la obtención de pruebas sólidas para sustentar cada caso ante los tribunales.

La Fiscal General sostuvo que el objetivo de la institución es garantizar el acceso a la justicia, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que las investigaciones penales se desarrollen bajo criterios técnicos, jurídicos y de respeto a los derechos de todas las partes involucradas.