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La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles de la colonia Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Poza Rica, como parte de una investigación por la probable extracción ilegal de agua.
Poza Rica, Veracruz, 31 de marzo de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles de la colonia Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Poza Rica, como parte de una investigación por la probable extracción ilegal de agua.
De acuerdo con el comunicado oficial FGR DPE/1381/2026, las diligencias fueron autorizadas por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, dentro de una carpeta de investigación iniciada por un delito previsto en la Ley General de Bienes Nacionales.
Durante los operativos, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguraron diversos objetos presuntamente utilizados para la sustracción del recurso hídrico.
En el primer inmueble fueron localizados y asegurados una cisterna, una motobomba sumergible de succión, un sistema de videograbación (DVR) y cinco tramos de manguera de plástico.
Mientras que en el segundo domicilio se aseguró una pipa, tres vehículos, una motocicleta, 13 tramos de manguera, tres contenedores de plástico, así como un pozo de agua equipado con una bomba sumergible.
En el lugar, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación, junto con todo lo asegurado, a fin de que se determine su situación jurídica dentro del plazo constitucional.
Los cateos se llevaron a cabo con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes brindaron seguridad perimetral durante las acciones.
La Fiscalía Federal informó que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho.
Cabe señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas detenidas serán consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
