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Los denunciantes, hicieron un llamado directo a la gobernadora del estado para que intervenga en el caso.
Coatepec, Ver.- Una familia coatepecana denunció públicamente ser víctima de un presunto intento de despojo patrimonial que, aseguran, involucra irregularidades notariales, conflictos sobre la propiedad de bienes inmuebles y amenazas contra su integridad.
Los denunciantes, identificados como Obdulia Siliceo Viveros, José Luis Monge Aldama y sus hijos; Fernando, Luz del Carmen y Obdulia Monge Siliceo, hicieron un llamado directo a la gobernadora del estado para que intervenga en el caso, al asegurar que hasta el momento no han encontrado respuesta efectiva por parte de las autoridades.
De acuerdo con su testimonio, el conflicto gira en torno a diversos bienes inmuebles en Coatepec, entre ellos el Complejo Deportivo San Jerónimo, ubicado en la esquina de Ignacio López Rayón y Riva Palacios, propiedad que, afirman, ha permanecido bajo su posesión desde hace más de dieciocho años.
Según la denuncia pública y declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, la familia sostiene que en distintos momentos habrían sido engañados para firmar documentos que, presuntamente, derivaron en movimientos legales sobre su patrimonio, incluyendo un testamento y escrituras relacionadas con su vivienda.
Asimismo, señalaron que existe una disputa con otra persona que también afirma tener documentación sobre la propiedad, motivo por el cual solicitaron que las autoridades estatales esclarezcan de manera definitiva quién ostenta legalmente la titularidad de los inmuebles.
En su exposición pública, también manifestaron preocupación por el cierre del complejo deportivo, el cual, según su versión, fue clausurado desde hace más de un año y medio, situación que consideran parte del conflicto patrimonial que enfrentan.
Los denunciantes afirmaron además haber recibido amenazas, por lo que expresaron temor por su seguridad personal.
El caso, según indicaron, ya habría sido llevado ante instancias ministeriales mediante diversas denuncias formales, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar la autenticidad de la documentación presentada por las partes involucradas y deslindar responsabilidades.
Hasta el momento, las personas mencionadas en los señalamientos públicos no han emitido una postura oficial sobre estas acusaciones.
