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XALAPA, VER.— Llámenles cuotas, cooperaciones o donativos. Si el pago se convierte en requisito para inscribir a un estudiante, entonces se está cobrando la inscripción. Así de sencillo.
El problema no es exclusivo de Xalapa. En distintos municipios de Veracruz, incluido Tuxpan, padres de familia han denunciado que algunas asociaciones de padres de familia (APF) continúan presionando para cobrar aportaciones al inicio del ciclo escolar, mientras directores y responsables de los planteles terminan cediendo ante grupos acostumbrados a manejar las inscripciones y el dinero recaudado.
Ahora, el conflicto alcanzó a la Preparatoria Juárez de Xalapa, donde padres de 30 jóvenes que obtuvieron un lugar en el turno vespertino mediante el proceso de corrimiento se manifestaron este miércoles 26 de agosto.
Los estudiantes habían recibido un espacio después de que 30 aspirantes originalmente asignados al plantel no concretaran su ingreso por no contar con el certificado de secundaria.
La Dirección General de Bachillerato (DGB) informó a las familias que podrían realizar la inscripción los días 26 y 27 de agosto. Sin embargo, cuando llegaron a la escuela y esperaron más de dos horas, les dijeron que ya no había 30 lugares, sino únicamente ocho.
La explicación fue que 22 jóvenes habían sido inscritos desde la tarde del martes por instrucciones de una coordinadora de la DGB.
La pregunta de los padres es bastante clara: ¿quién autorizó entregar esos 22 lugares antes de que comenzara o concluyera el periodo de inscripción establecido para los alumnos beneficiados con el corrimiento?
La Preparatoria Juárez cuenta con 220 espacios de nuevo ingreso. Al quedar disponibles 30 lugares, estos fueron incorporados al proceso de corrimiento. Por eso los padres sostienen que sus hijos no llegaron a pedir un favor: acudieron a ocupar un espacio que oficialmente les había sido asignado.
Ante la protesta, el coordinador de la DGB, Omar Tenorio, les habría indicado que se presentaran este jueves en las oficinas de la dependencia para recibir otra opción educativa.
Pero las familias no quieren otra escuela. Exigen que se respete el lugar obtenido por sus hijos y que la DGB explique quiénes fueron los 22 estudiantes inscritos anticipadamente y bajo qué criterio recibieron esos espacios.
Los inconformes sospechan que funcionarios responsables de la reubicación pudieron asignar irregularmente o incluso vender lugares en la Preparatoria Juárez, una de las escuelas con mayor demanda y prestigio en Xalapa.
Hasta ahora no existen pruebas públicas que acrediten la supuesta venta. Se trata de una acusación formulada por los padres, pero corresponde a la Secretaría de Educación de Veracruz investigarla y transparentar todo el proceso para terminar con las sospechas.
El problema no termina en Xalapa
El caso de la Preparatoria Juárez ocurre en medio de una discusión mucho más amplia sobre quién controla realmente las inscripciones en las escuelas públicas de Veracruz.
En Tuxpan, por ejemplo, padres han denunciado que en algunos planteles simplemente cambiaron la palabra “cuota” por “donativo”, pero el cobro sigue apareciendo como una condición práctica para completar la inscripción.
También se han conocido quejas en otras escuelas y municipios donde se exige el comprobante de pago o se presiona a las familias para entregar una cantidad acordada por la APF.
La gobernadora Rocío Nahle fue clara durante la inauguración del domo del CETMAR 20 de Tuxpan, el pasado 13 de mayo: no debía haber pago de inscripción ni cuotas y, si las escuelas necesitaban atender alguna carencia, el gobierno tendría que hacerse responsable.
Aunque el CETMAR 20 es una institución federal y aquella declaración no equivale por sí sola a un decreto general para todas las escuelas de Veracruz, el mensaje político fue directo: ningún estudiante debe quedarse fuera por no pagar.
Además, la ley no deja espacio para interpretaciones convenientes. La Ley General de Educación establece que no se puede condicionar la inscripción, el acceso al plantel, los exámenes o la entrega de documentos al pago de alguna contraprestación. También señala que las aportaciones voluntarias no forman parte del servicio educativo y deben ser reguladas, vigiladas y transparentadas. Ley General de Educación
Las APF pueden organizarse y recibir aportaciones verdaderamente voluntarias. Lo que no pueden hacer es fijar una cantidad obligatoria, exigir recibos como requisito o utilizar la inscripción como instrumento de presión.
Y los directores tampoco pueden lavarse las manos diciendo que el dinero no lo cobra la escuela, sino la asociación de padres.
Si el pago se exige dentro del plantel, se pide durante la inscripción o se utiliza para decidir quién entra y quién no, entonces dejó de ser voluntario.
El problema ya no es cómo le llaman al cobro. El problema es que, mientras el Gobierno de Veracruz habla de gratuidad, algunos directores continúan sometidos a las presiones de las APF y permiten que la inscripción siga manejándose como si fuera una ventanilla de cobro.
Lo sucedido en la Preparatoria Juárez obliga a la SEV y a la DGB a revisar no solamente esos 22 lugares, sino todos los procesos de inscripción en Xalapa, Tuxpan y los demás municipios de Veracruz.
Porque un lugar en una escuela pública no se vende, no se aparta y no se condiciona. Se asigna conforme a las reglas y debe respetarse.
