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Xalapa, Ver.– El diputado local Adrián Sigfrido Ávila Estrada presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Veracruz y reconocer de manera explícita el llamado “robo por necesidad” como una causa excluyente de responsabilidad penal, con el argumento de evitar que personas en situación de pobreza extrema terminen en prisión por sustraer alimentos o productos indispensables para sobrevivir.
Desde tribuna, el legislador planteó un debate que calificó como incómodo, pero urgente: el de personas que, empujadas por el hambre, enfermedad o una situación límite, cometen hurtos menores y enfrentan penas que pueden alcanzar hasta cinco años de prisión.
“En Veracruz una persona puede recibir hasta cinco años de cárcel por robar alimentos de bajo valor, incluso cuando el acto haya sido motivado por necesidad extrema”, expuso.
La propuesta busca modificar el marco legal estatal para distinguir entre quienes delinquen con fines de lucro y quienes actúan bajo circunstancias desesperadas para subsistir.
El diputado sostuvo que actualmente el Código Penal veracruzano no hace esa diferenciación de manera expresa, lo que, dijo, ha derivado en procesos judiciales y condenas desproporcionadas contra personas vulnerables, incluidas madres solteras y personas con discapacidad.
Como parte de la reforma, plantea adicionar una nueva fracción al artículo 23 del Código Penal para establecer el robo por necesidad como causal excluyente de responsabilidad, además de modificar el artículo 209 para dejar claro que no será castigada la persona que, sin violencia ni engaño, se apodere por única ocasión de bienes estrictamente indispensables para cubrir necesidades personales o familiares inmediatas.
La iniciativa también contempla permitir que la Fiscalía pueda desistirse de la acción penal cuando quede acreditado que el acto fue motivado por necesidad, sin exigir el perdón de la parte afectada y permitiendo acuerdos reparatorios.
Ávila Estrada argumentó que mantener en prisión a personas por delitos patrimoniales de mínima afectación representa incluso un mayor costo para el Estado que el daño económico ocasionado.
“Llenar las cárceles de personas pobres no reduce la delincuencia; la profundiza”, sostuvo.
El legislador señaló que el Código Penal Federal ya contempla criterios diferenciados en estos casos y aseguró que al menos 18 entidades del país han incorporado disposiciones similares.
En su mensaje final, defendió que la reforma no pretende abrir espacios a la impunidad, sino introducir proporcionalidad y sentido humano al sistema penal.
“La ley no puede llenar la mesa de quien no tiene qué comer, pero sí puede dejar de castigar la pobreza como si fuera un crimen”, expresó.
De avanzar, la propuesta colocaría sobre la mesa una discusión sensible entre justicia penal, desigualdad social y derechos humanos en Veracruz.
