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Xalapa, Ver., 6 de noviembre de 2026.— Familiares de las tres personas detenidas por el caso del pequeño Daniel Maximiliano denunciaron que desconocidos saquearon la vivienda donde se realizaron diligencias ministeriales, después de que presuntamente la Fiscalía General del Estado retirara la vigilancia.
El inmueble está en la calle Río Santiago, de la colonia Benito Juárez. Según los denunciantes, personas ajenas ingresaron varias veces, forzaron los accesos y se llevaron muebles, utensilios y otras pertenencias, hasta dejarlo prácticamente vacío.
La casa permanecía bajo resguardo ministerial por la investigación sobre la muerte del niño de cuatro años, reportado como desaparecido el 13 de septiembre y localizado sin vida el día 15. Por este caso fueron detenidos Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N”.
Los familiares señalaron que, al acudir a revisar la propiedad, encontraron puertas abiertas, luces encendidas y sellos presuntamente alterados. Aseguraron que llamaron al 911 en distintas ocasiones, pero los ingresos continuaron.
El 16 de octubre, vecinos sorprendieron a un hombre que presuntamente intentaba llevarse un tanque de gas. Al verse descubierto, escapó y abandonó el cilindro, que quedó al cuidado de un habitante de la colonia.
El mayor saqueo, afirmaron, ocurrió entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre. Los responsables habrían utilizado estructuras metálicas para forzar las entradas y sacar las pertenencias. También señalaron que algunas personas comenzaron a utilizar la casa para pasar la noche.
Cuestionan el resguardo y la atención de la Fiscalía
Los denunciantes aseguraron que inicialmente tuvieron dificultades para presentar la denuncia por robo, pues el Ministerio Público les habría argumentado que no podían promoverla porque los propietarios están privados de la libertad.
Finalmente, indicaron, se recibió una denuncia por quebrantamiento de sellos, aunque consideran que quedó pendiente incorporar el reclamo por los objetos sustraídos.
También cuestionaron un ingreso de agentes ministeriales posterior a la audiencia del 22 de septiembre, del cual, según su versión, la defensa no recibió notificación formal. Afirmaron que durante esa intervención fueron abiertos vehículos que consideran ajenos a la investigación.
Aunque por un periodo hubo dos policías vigilando la propiedad, los familiares señalaron que esa protección volvió a suspenderse a mitad de esta semana. Ante ello, colocaron cadenas y candados para impedir nuevos ingresos.
Pidieron investigar los robos y aclarar las condiciones del resguardo, pues consideran que también podría estar en riesgo la conservación de posibles indicios.
Los señalamientos corresponden a la versión de los familiares; en la información proporcionada no se incluye una respuesta de la Fiscalía.
