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XALAPA, Ver., 9 de julio de 2026.— Aunque obtuvo una sentencia favorable en un juicio civil relacionado con bienes que formaban parte del patrimonio familiar, Ivette Orozco Lara asegura que la resolución aún no ha sido cumplida plenamente, debido a que persisten inconsistencias en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Xalapa.
En entrevista, explicó que su principal objetivo ya no es litigar nuevamente el fondo del asunto, sino lograr que la resolución emitida por los tribunales quede reflejada de manera correcta, completa y verificable en los registros públicos.
El caso deriva del juicio ordinario civil 655/2022/VII y del toca de apelación 1662/2023. De acuerdo con la resolución de segunda instancia, se declaró la nulidad absoluta de diversos actos jurídicos celebrados por Rosa María Martínez López respecto de bienes vinculados con el patrimonio del finado Antonio Hernández Basurto.
En el procedimiento aparecen como demandados Rosa María Martínez López, el notario público Francisco Xavier Saucedo Rivadeneira, titular de la Notaría Pública Número Nueve de la Décima Segunda Demarcación Notarial con residencia en Teocelo, así como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Xalapa.
Como parte de la sentencia, el Tribunal ordenó al Registro Público realizar las cancelaciones correspondientes de los actos jurídicos declarados nulos, al considerar que esa medida era una consecuencia directa de la resolución judicial.
Sin embargo, Orozco Lara sostiene que durante la etapa de ejecución surgieron nuevos obstáculos, ya que, aunque la autoridad registral informó haber efectuado algunas cancelaciones, continúan vigentes diversas notas marginales relacionadas con esos mismos actos, situación que, a su juicio, genera una incongruencia entre lo resuelto por el Poder Judicial y la información que permanece visible en los registros públicos.
«Lo que busco es que la sentencia se cumpla como fue ordenada. No estoy pidiendo algo nuevo, sino que el Registro Público refleje la realidad jurídica que ya fue determinada por los tribunales», expresó.
Precisó que las promociones presentadas ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Xalapa únicamente buscan que la autoridad registral cumpla de manera exacta con la resolución, sin solicitar desalojos, lanzamientos, restituciones de posesión ni modificaciones físicas de los inmuebles.
La entrevistada afirmó que, después de varios años de litigio, la parte más complicada ha sido lograr que todas las autoridades involucradas coordinen acciones para hacer efectiva la sentencia.
«Una sentencia que no se refleja correctamente en el Registro Público deja a la persona en incertidumbre. La justicia no puede quedarse únicamente en el expediente; también debe verse reflejada en los registros y en la certeza jurídica que el Estado ofrece a los ciudadanos», señaló.
Actualmente, el caso involucra al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Xalapa, una Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Xalapa, un Juzgado de Distrito que conoce del juicio de amparo correspondiente y la Notaría Pública Número Nueve de la Décima Segunda Demarcación Notarial.
Ivette Orozco indicó que ha solicitado formalmente que la autoridad registral informe de manera clara qué anotaciones fueron canceladas, cuáles permanecen vigentes y, en su caso, cuáles serían los impedimentos técnicos o jurídicos para cumplir plenamente con la resolución judicial.
Consideró que el caso plantea una discusión relevante sobre la eficacia de las resoluciones judiciales cuando su ejecución enfrenta dificultades administrativas o registrales.
Finalmente, reiteró que continuará promoviendo las acciones legales necesarias para que la sentencia produzca efectos reales.
«Lo único que pido es que se respete lo que ya fue resuelto. La justicia no termina cuando se dicta una sentencia; termina cuando esa sentencia se cumple», concluyó.
Este medio mantiene abierto el espacio para que las autoridades competentes, las partes involucradas o cualquier persona con interés legítimo en el asunto ejerzan su derecho de réplica o aporten la documentación que consideren pertinente.
