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Xalapa / Boca del Río, Ver.– Lo que comenzó como un accidente náutico en la Riviera Veracruzana terminó convertido, en cuestión de horas, en un juicio mediático con nombre y apellido.
El incendio de la embarcación Squalo, ocurrido en la zona de manglares y esteros de Boca del Río, dejó personas rescatadas, dos mujeres lesionadas y pérdida total de la nave. Pero también detonó una narrativa que rápidamente vinculó el hecho con el diputado federal Zenyazen Escobar García.
Diversas publicaciones y mensajes en redes sociales comenzaron a afirmar que se trataba del “yate del diputado”, incluso acompañando esas versiones con fragmentos de supuestos reportes internos donde se le mencionaba como propietario.
Sin embargo, conforme comenzaron a emerger más datos, la historia empezó a mostrar grietas.
Fuentes consultadas dentro del sector náutico señalan que la embarcación siniestrada no sería propiedad del legislador, sino que habría sido recientemente adquirida por un operador privado dedicado a la renta de embarcaciones recreativas en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río.
De ser correcta esta versión, se explicaría por qué no existe hasta el momento un registro público fácilmente identificable o una oferta visible dentro de catálogos comerciales conocidos: la embarcación apenas habría entrado en operación.
También daría contexto a la presencia de un capitán a bordo, figura habitual cuando se trata de servicios recreativos privados o embarcaciones operadas comercialmente.
El propio Zenyazen Escobar negó públicamente ser propietario del yate y sostuvo que únicamente participó en las labores de auxilio tras percatarse del incendio mientras se encontraba en la zona en una moto acuática acompañado de su hija.
Esa versión, lejos de confirmar propiedad, plantea un escenario distinto: el de un político presente en el área al momento de la emergencia, pero no necesariamente vinculado patrimonialmente con la embarcación.
La velocidad con la que se construyó la narrativa resulta reveladora.
Primero apareció el accidente.
Luego surgieron filtraciones parciales.
Después llegaron publicaciones afirmando como hecho consumado que la embarcación era del legislador.
En cuestión de horas, el incendio ya no era una noticia de seguridad marítima, sino un escándalo político condimentado con versiones sensacionalistas que incluso hablaban de fiestas privadas sin que hasta ahora exista evidencia pública que sostenga tales afirmaciones.
Lo ocurrido deja preguntas inevitables:
¿Quién filtró la versión inicial?
¿Fue un error en un reporte preliminar o una interpretación interesada?
¿Quién contrató realmente el servicio?
El caso Squalo deja una lección incómoda: en tiempos de redes sociales, a veces la desinformación se mueve más rápido que las propias investigaciones.
Y cuando eso ocurre, el incendio más difícil de apagar no siempre es el del barco.
Según el Vox Populí, la empresa que rentó el Yate es esta:
