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XALAPA, Ver., 16 de octubre de 2026.— Con palos y machetes, habitantes de la colonia Margarita Morán Véliz, segunda sección, se concentraron este viernes ante un posible desalojo de los terrenos donde viven unas 191 familias desde hace casi 13 años.
En el asentamiento, conocido como colonia Antorchista, se mantiene un ambiente de tensión luego de que la organización recibiera información sobre una presunta orden judicial para recuperar el predio que reclama un particular.
Juventino Navarrete, dirigente estatal del Movimiento Antorchista, informó que tuvieron conocimiento de la posible diligencia apenas unas horas antes. Al lugar también llegaron habitantes de otras colonias para respaldar a las familias.
“Nos enteramos hace algunas horas que había una orden de desalojo en contra de nuestros compañeros de esta colonia”, declaró.
Aunque algunos vecinos portaban palos y machetes, el dirigente aseguró que buscan resolver el conflicto mediante el diálogo y sin enfrentamientos con las autoridades.
Según Navarrete, las familias llegaron al terreno mediante un acuerdo con funcionarios de la Dirección de Patrimonio del Estado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Posteriormente comenzaron las gestiones para regularizar su estancia, pero el trámite quedó inconcluso.
“Se avanzó con el proceso; sin embargo, no se pudo concluir”, reconoció.
El dirigente sostuvo que los habitantes construyeron sus viviendas bajo el entendido de que contaban con autorización de las autoridades estatales de aquella administración. Después, dijo, supieron de una demanda relacionada con el inmueble.
Sobre quién reclama las aproximadamente seis hectáreas en disputa, mencionó a un particular identificado como Humberto Camacho, aunque matizó su respuesta: “Bueno, eso es lo que dicen”.
Durante la entrevista, la organización no presentó documentos que acreditaran el acuerdo con Patrimonio del Estado ni proporcionó el número de expediente de la presunta orden de desalojo.
Las familias permanecían concentradas en el lugar, mientras sus representantes insistían en buscar una salida que evite que pierdan las viviendas que han construido durante más de una década.
