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En un operativo coordinado derivado de denuncias ciudadanas, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó dos órdenes de cateo en los municipios de Jamapa y Pánuco, donde logró el aseguramiento de máquinas tragamonedas tipo minicasino, equipo electrónico, dinero en efectivo y la detención de dos personas.
Veracruz, Ver., 23 de marzo de 2026.— En un operativo coordinado derivado de denuncias ciudadanas, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó dos órdenes de cateo en los municipios de Jamapa y Pánuco, donde logró el aseguramiento de máquinas tragamonedas tipo minicasino, equipo electrónico, dinero en efectivo y la detención de dos personas.
De acuerdo con el comunicado oficial, las órdenes fueron autorizadas por un juez de Control federal, luego de que el Ministerio Público de la Federación iniciara carpetas de investigación por la presunta operación de establecimientos con juegos de azar ilegales.
El despliegue fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal, quienes mantuvieron resguardo perimetral durante las diligencias.
En el primer inmueble, ubicado en el municipio de Jamapa, las autoridades aseguraron quince máquinas tragamonedas, dos equipos DVR, una báscula gramera, numerario y el inmueble intervenido.
Mientras tanto, en un segundo cateo efectuado en la colonia Venustiano Carranza del municipio de Pánuco, fueron localizadas y aseguradas cuatro máquinas tipo minicasino, además del inmueble correspondiente.
Durante ambas acciones, los agentes federales detuvieron a dos personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que determinará su situación jurídica dentro del plazo constitucional.
Los objetos asegurados fueron puestos bajo resguardo de la autoridad ministerial, que continúa con la integración de las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades.
La FGR reiteró que a las personas involucradas se les presume inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades ilícitas de manera anónima o presencial.